AMLO: al margen y por encima de la ley

Desde hace casi dos años, Andrés Manuel López Obrador ha utilizado con mucha frecuencia una máxima del ilustre jurista, escritor y expresidente de México, José María Iglesias Inzáurraga, para describir lo que -según él- sucedería durante su administración.

«Se hará valer el Estado de derecho –decía muy solemne López Obrador– “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” –complementaba con el apotegma de Iglesias–». Luego, en la toma de protesta como presidente de México, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Sin duda alguna, la suma de esas expresiones de López y de Iglesias y, además, el juramento que el ahora presidente de México hizo ante el Congreso de la Unión y -por lo tanto- ante el pueblo de México, sonaba muy bonito. El problema es que como ya lo dice el viejo y conocido refrán: «del dicho al hecho hay mucho trecho».

Hay mucho trecho porque, para “hacer valer el Estado de derecho”, el presidente López Obrador (con el apoyo de sus súbditos legisladores) ha reformado, a su conveniencia y utilidad, el marco jurídico de distintas materias. Dicho en otras palabras, ha modificado el marco legal, normativo y regulatorio para que su gobierno no caiga en lo ilícito.

Como esa maniobra no ha funcionado (todavía) para “tirar” la reforma educativa del 2013, ahora el presidente optó por enviar un memorándum a tres de sus secretarios de Estado, instándolos a «dejar sin efecto las medidas que contempla la “mal llamada” reforma educativa»; o sea, instruyéndolos a incumplir lo consagrado en Carta Magna y las leyes que, en materia de educación, emanan de ella. Eso, «mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma».

Como era de esperarse, no fueron pocas las personas y sectores (hasta de Morena) los que le reprocharon al presidente López su absurda idea de tratar de suspender la reforma educativa mediante un simple documento. Claro que, como también era de esperarse, el presidente los calificó de detractores y -cínicamente- los invitó a llevar el caso ante los tribunales.

Sobre el envío y los «propósitos internos» del memorándum, el presidente dijo que se trata un asunto de justicia, y la justicia está por encima de la ley. Justificación que, por cierto, no pude dejar de relacionar con la respuesta de Richard Nixon, cuando el periodista David Frost le preguntó si un presidente podía hacer cosas ilegales por el bien de la gente. «Cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal» –contestó Nixon–.

Pero bueno, el caso es que para la adecuación o cancelación de la reforma educativa del 2013 debe hacerse valer el Estado de derecho, tal y como tanto lo pregonó López Obrador desde que era candidato; y no desafiarlo, debilitarlo o quebrantarlo, como lo ha venido haciendo el presidente desde que asumió el cargo.

Finalizo en esta ocasión, citando lo dicho alguna vez por el ex juez estadounidense, Harold H. Greene: «La aplicación de la ley no puede depender de la justicia de una causa o de la conciencia de un hombre».