Piden que se cumplan las reglas y objetivos planteados en la Reforma Energética para el beneficio de los ciudadanos
El Poder Legislativo de Chihuahua, envió un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor así como a la Comisión Reguladora de Energía, ambas entidades del Gobierno Federal, a efecto de que se coordinen y recurran a sus facultades para proteger los derechos de los consumidores mexicanos que utilizan combustibles, tras la liberalización de sus precios.
Dicho exhorto, fue presentado por el Diputado Javier Malaxechevarría, quien mencionó que es urgente que las autoridades competentes supervisen el cumplimiento de las obligaciones de información y precios a los que se sujetan los expendedores al público de los energéticos de gasolina, diesel y gas LP.
El legislador recordó que el inicio de un nuevo año, implica un reto difícil de sobrellevar, pues suelen darse incrementos en artículos de la canasta básica y de los consumibles energéticos de que disponen los hogares, lo cual es una amenaza a la economía familiar de los chihuahuenses.
Dijo que los esquemas de liberación de los precios de los energéticos, el cual concluyó en noviembre del año pasado, dejó atrás un sistema monopólico y de control de precios por parte del Estado, hacia una tendencia que busca modernizar el sector energético con el objetivo de hacer un mercado competitivo que beneficie a los ciudadanos consumidores.
Sin embargo, Malaxechevarría informó que de no ser son supervisado y verificado por las autoridades correspondientes, puede traer efectos negativos y aún más dañinos que los que generó el sistema cerrado de precios impuesto por la autoridad Federal, “si bien el sistema es de libre competencia, no debe ser sinónimo de desamparo de los ciudadanos consumidores, merced a las empresas privadas autorizadas para vender los combustibles tan indispensables”.
El Diputado dijo que por lo antes expuesto, se solicita que estas dependencias federales tomen todas las providencias y convengan mediante instrumentos jurídicos la realización de las acciones de intercambio, colaboración, supervisión y sanción que sean necesarias para garantizar que las entidades públicas y privadas encargadas del cumplimiento ejecución y verificación, implícitos en los procesos de liberalización y ejecución de los precios de los combustibles, se apeguen a las normas establecidas.

unnamed