Una de las 61 familias de la Colonia Allende, fue despojada de 3,500 hectáreas, por lo que el resto de los integrantes de esa colonia agrícola y ganadera, temen que les suceda lo mismo.
Lo anterior se veía venir desde tiempo atrás, incluso fue publicado en este medio, el pasado 6 de julio del año en curso, cuando se informó que esa colonia fue formada desde el primer quinquenio de la década de 1940 y cuenta con una extensión territorial de 40 mil hectáreas.
Vecinos de esa colonia, que se localizada por el camino a la presa El Granero, en el kilómetro 74 de la carretera a Ojinaga, confirmaron que el despojo de tierras inició, pese a que cuentan con escrituras.
Explicaron que el origen del conflicto fue un juicio testamentario (267-85), promovido por Andrés Lara Aguilar, pero quienes lo promovieron fueron sus hijos.
Ellos son el albacea Socorro Lara Portillo y sus hermanos Leoncio, Lidia, Romelia y Tomasa, sin incluir a su hermana Consuelo.
Tal es el caso que en las escrituras originales, Andrés Lara Aguilar aparece con 1,687 hectáreas, pero en el transcurso de los años, para el año 1975, había vendido el total de su mancomún.
La venta se puede sustentar en documentos notariados e internos de la Colonia Allende.
Los vecinos agregaron que pase a esa situación, los hijos, en 1983 iniciaron un juicio de intestado, con las escrituras originales, sin notificar al resto de los socios.
Luis Daniel Arciniega López, Juez Segundo de lo Civil, Distrito Morelos, juicio 267-85, otorgó la propiedad de 1687 hectáreas, es decir, las que en un inicio tenía y luego vendió Andrés Lara Aguilar.
Sin embargo, cuando el notario protocolizó y envió al Registro Público de la Propiedad, en vez de registrar las 1,687 hectáreas, registró, por causas no identificadas, la totalidad de hectáreas de la colonia, que son 40 mil.
Esas 40 mil hectáreas se registraron a nombre de Socorro, Leoncio, Lidia, Romelia y Tomasa Lara Portillo.
Los vecinos de la Colonia Ignacio Allende señalan que “por razones desconocidas”, la familia Lara Portillo aprovechó esa situación y, en lugar de demandar 1,687 hectáreas (que de antemano no les corresponden), demandaron 3,500, ya que toda la Colonia está a nombre de ellos, según lo acordó y dictó sentencia condenatoria, la licenciada Silvia María Moreno Durán, Juez 2° de lo Civil, con fecha 15 de agosto del 2017.